NOVEDADES EN LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Los ODS y la agenda 2030 han resonado en los últimos años con fuerza más allá del ámbito empresarial y de las aspiraciones políticas del momento. Nuestra sociedad se ha implicado más allá de lo que se esperaba en estos objetivos que al principio parecían tan lejanos y está dando los pasos legislativos necesarios para continuar con esta línea.

Como era de esperar ya se han planteado los objetivos para la agenda del 2050 establecida por la ONU y en el caso de España se han planteado los objetivos, para que esta agenda se cumpliera de forma más sencilla, para que la sociedad tuviera la facilidad de amoldarse a ella, para que las empresas pudiesen acomodarse al cambio, para crear una transición justa, en definitiva.

El objeto de esta nueva Ley es asegurar el cumplimiento de los objetivos desarrollados en el Acuerdo de París, firmado por España el 22 de abril de 2016. Para ello, sus ejes fundamentales son:

• Alcanzar para el año 2030:
  • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23 % respecto del año 1990.
  • Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 %.
  • Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovables.
  • Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 %, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
• Para antes de 2050:
  • Alcanzar la neutralidad climática; para ello, el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.

Los elementos más destacados de la Ley que establecen posibles obligaciones a las empresas en diferentes ámbitos:

• Movilidad sostenible: Siendo el sector del transporte el responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha planteado la creación de un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. El primer paso será la puesta en marcha planes de movilidad sostenible limitando la circulación de vehículos contaminantes en ciudades de más de 50.000 habitantes y en islas.
• Transición justa: Para asegurar una transición justa hacia estos objetivos para toda la sociedad y agentes económicos, se revisará cada cinco años y aprobará una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y agentes sociales. El proceso se basará en la aplicación y revisión del estado de la sociedad para fomentar la actividad económica y la empleabilidad del territorio, especialmente, en cierres o reconversión de instalaciones.
• Criterios ambientales en la Contratación Pública: Los contratos públicos celebrados por la Administración General del Estado u organismos dependientes o vinculados se incluyen como prescripciones técnicas particulares en los pliegos de contratación, criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono enfocados concretamente a la lucha contra el cambio climático.
• Obligaciones de información. Las sociedades cotizadas, entidades de crédito, seguro-similares y otras sociedades por razón de su tamaño, tienen la obligación de incluir en su informe de gestión (y en algunos casos remitir a su autoridad supervisora correspondiente) un informe de carácter anual dónde quede reflejada una evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generaos por la exposición de su actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para solventar estos.
• Cálculo de Huella de Carbono: El Gobierno establecerá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, la tipología de empresas con actividad en el territorio qie deberán calcular y publicar su huella de carbono, así como otras exigencias y periodicidad. Las empresas obligadas al cálculo deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos planes deberán cumplir con exigencias concretas y con los horizontes temporales de cinco años junto con las medidas para su consecución. Las empresas podrán compensar de manera voluntaria su huella de carbono.

Con esta hoja de ruta, las empresas deberán diseñar sus estrategias de crecimiento pensando siempre en un modelo sostenible que minimice su impacto energético sin repercutir en su rendimiento. Si necesitas ayuda para diseñar estas estrategias, contacta con nosotros.